It recent day's the government of Luis Fortuno has decided to break ties with Venezuela. All news media sources mostly controlled by the United States or waging a propaganda war against the popular Chavez. Below there links to different article's and youtube videos of the propaganda. I denounce the media campaign against my brother Chavez and will personally see that we intesify our operations against the propaganda. Paz.
http://pr.indymedia.org/news/2009/11/40136.php
Gobierno lanza campaña sucia contra la disidencia ...y contra Chávez
por Guillermo Morejón Flores Thursday, Nov. 19, 2009 at 1:52 AM
g.morejon88@hotmail.com
La inagotable ridiculez e ineptitud propia del provincialismo político que caracteriza a nuestro gobierno colonial ha movido a sus voceros a poner las miras de su esperpéntica campaña difamatoria, sobre un blanco inesperado: el Presidente de la República Bolivarianda de Venezuela, Hugo Chávez.
Gobierno lanza campa...
Tras poco menos de un año de haber sido electo con una mayoría avasalladora, el gobernador colonial de turno en Puerto Rico, abogado corporativo y republicano Luis G. Fortuño Burset y su gobierno han desatado una campaña sucia en contra los sectores que luchan ante el tsunami (que no oleada) de políticas neoliberales que le han ido cayendo arriba al pueblo puertorriqueño y que en enero de 2010 habrá logrado dejar en la calle a más de 25,000 empleados públicos. Su mayor logro, cosa que no es fácil: aglutinar a la gran mayoría del país en contra del gobierno ―el nivel de aprobación de Fortuño actualmente es de menos del 30%―, en pie de lucha y de camino a la huelga general. Y José Figueroa Sancha, Superintendente de la Policía de Puerto Rico, ex Director del FBI en San Juan y escogido por Fortuño, ha demostrado ya en más de una ocasión su disposición a ejercer la represión contra las manifestaciones del pueblo. En éste marco de total desprestigio, los medios de comunicación de mayor alcance se han hecho eco de la campaña sucia del gobierno, criminalizando y demonizando sistemáticamente al estudiantado y la juventud en general, al independentismo, los movimientos sociales y a los trabajadores, a quienes el gobierno amenazó el pasado 15 de octubre, día en que hubo un paro nacional, con acusar de terrorismo tal como se contempla en la llamada “Acta Patriota”, o Patriot Act, infame ley antiterrorista aprobada por el gobierno de Bush al calor de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Como si no bastara con las declaraciones del Secretario de Estado, Kenneth McClintock, en las que afirmó que el paro nacional del 15 de octubre no eral realmente un «paro nacional», propiamente dicho, más bien se trataba de un paro “estatal, territorial, insular” puesto que “aquí no va a haber nadie en Cincinnati ni en Seattle parando labores”; la inagotable ridiculez e ineptitud propia del provincialismo político que caracteriza a nuestro gobierno colonial ha movido a sus voceros a poner las miras de su esperpéntica campaña difamatoria, sobre un blanco inesperado: el Presidente de la República Bolivarianda de Venezuela, Hugo Chávez.
Los medios masivos han redoblado las “noticias” contra el líder venezolano con las consabidas acusaciones de “guerrerista”, de dictadorzuelo autócrata, de Venezuela como un narco-Estado corrupto. Entre esos medios, los dos periódicos de mayor tirada del país: “El nuevo día” y “Primera hora”, ambos pertenecientes a la familia Ferrer, tradicionalmente ligada al Partido Nuevo Progresista ―que actualmente ostenta el poder― desde sus inicios. En la pantalla chica, Univisión (canal 11) y la NBC (canal 2) hacen acto de presencia en ésta carnavalesca comparsa anti-chavista. Y el programa noticioso del canal del Estado (canal 6) haría lo propio, de no haber sido eliminado recientemente por el gobernador Fortuño y sus recortes presupuestarios.
¿Pero cómo se logra entremezclar e implicar a Hugo Chávez en el ascendente desprestigio del gobierno colonial? Goebbels se sonrojaría. El 18 de noviembre, con acusaciones que evocan a la época del Libertador, Simón Bolívar, cuando el gobierno colonial ―entonces español― acusaba al independentismo puertorriqueño de ser un germen importado de Venezuela; el senador anexionista y de origen cubano Roberto Arango declaró ante la prensa tener pruebas de que el gobierno venezolano está financiando a grupos disidentes dentro del país. Declaró, además, que tiene intenciones de redactar una resolución en el Senado de Puerto Rico solicitándole al Presidente de los EE.UU., Barack Obama y a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton el considerar la posibilidad de cerrar el consulado venezolano en la Isla con motivo de la supuesta financiación a grupos disidentes. “Crear inestabilidad política y crear anarquía en Puerto Rico a través de subvencionar estos grupos en nada es parte de la responsabilidad de los consulados. Los consulados están para traer negocios”, aseguró.
Los comentarios escandalosos del senador Arango vienen a reforzar otra noticia de la campaña sucia que surgió el día anterior. El 17 de noviembre varios periódicos y canales de televisión difundieron la noticia de que que el gobernador lanzó una advertencia a Hugo Chávez ya que éste alegadamente afirmó, en declaraciones que no han podido ser confirmadas aún por ningún medio, que “cuenta con aliados para que Puerto Rico deje de ser una colonia”. Ante las supuestas declaraciones, Fortuño respondió tajantemente con expresiones como: “Nosotros decidimos nuestro estatus, nosotros escogemos quiénes son nuestros gobernantes. No le corresponde a nadie fuera de Puerto Rico escoger por nosotros. Y no lo vamos a permitir”. Palabras bastante grandes si tomamos en cuenta que Puerto Rico es todavía una colonia yanqui y que, encima, el susodicho pertenece al anexionista y asimilista Partido Nuevo Progresista.
No es secreto ni es noticia el apoyo decidido y reiterado a nuestra Independencia por parte del Presidente Hugo Chávez, ni son nuevos los consiguientes comunicados de prensa del partido anexionista condenándole con la paradójica noción de que “aquí mandamos los puertorriqueños”. Pero resulta todavía más paradójico que el gobernador Fortuño, a partir unas declaraciones hasta ahora fantasmas, le acuse por ello de intromisión cuando éste se dedicó a desprestigiar en varias ocasiones la figura del Presidente Chávez y del gobierno venezolano mientras ocupaba el cargo de Comisionado Residente en Wáshington (representante puertorriqueño ante la Cámara de Representantes de EE.UU., sin derecho a voto) durante el cuatrienio 2004 a 2008. Además de distinguirse por multiplicar significativamente su caudal durante su gestión; de ser el representante número cuatro con más ausencias en la Cámara según un estudio del no muy liberal Washington Post, y de despilfarrar una suma de 3.3 millones de dólares en calidad de sueldo para dieciséis “asesores legislativos”; Fortuño encontró tiempo para presentar cuatro resoluciones ante aquella Cámara donde parecía demostrar preocupación por los derechos humanos y libertad de prensa del pueblo venezolano, y censuraba el accionar de su gobierno en una amplia gama de asuntos: desde las relaciones con Cuba, la adopción del nombre “República Bolivariana de Venezuela” y la no-renovación de concesión a la golpista RCTV. Todas las medidas, en su mayoría presentadas conjuntamente con representantes de Florida, fueron rechazadas por esa Cámara.
Para lo que no halló tiempo, evidentemente, fue para elevar a nivel de la Cámara de Representantes, en nombre de los derechos humanos, la indignación que arropó a puertorriqueños de todos los espectros políticos con la vil ejecución de Filiberto Ojeda Ríos, Responsable General de la organización clandestina revolucionaria Ejército Popular Boricua (EPB-Macheteros) el 23 de septiembre de 2005, día en que el independentismo conmemoraba la primera proclamación de la República. Éste fue cocido a tiros en su casa por agentes estadounidenses del FBI (habiendo numerosas oficinas de campo de esa dependencia federal en nuestro país) mientras cipayos del patio les custodiaban el perímetro. Se le negó asistencia médica y fue dejado en el piso de su casa a desangrarse como un perro atropellado. Tampoco encontró, el señor Fortuño, tiempo para redactar una resolución, en honor a la libertad de prensa, exigiendo que se investigasen los sucesos acaecidos el 10 de febrero de 2006 donde agentes también estadounidenses del FBI allanaron los hogares de varios independentistas y, en uno de los lugares intervenidos, atacaron desvergonzadamente a periodistas que se habían personado a cubrir la noticia, empujándoles y rociándoles con gas pimienta por alegadamente violar un perímetro. Ante el estupor de la comunidad internacional y la preocupación de organismos como Amnistía Internaconal, entre otros, absolutamente nadie ha sido procesado ni investigado por éstos crímenes. Todos perpetrados por el gobierno federal contra el pueblo puertorriqueño mientras nuestro actual gobernador fungía como Comisionado Residente, con la presunta obligación de hacer valer nuestros intereses y reclamos ante Wáshington.
¿Con qué cara el señor Luis Fortuño se atreve a acusar de intervencionismo y de actitudes dictatoriales al Presidente Chávez? ¿Con qué criterio o lógica afirma que no le corresponde a “nadie fuera de Puerto Rico” decidir sobre nosotros?
Luis Fortuño subió al poder en enero de 2009 tras unas elecciones arrolladoras. Menos de un año después se ha visto obligado a multiplicar su escolta personal, a reducir al mínimo sus apariciones públicas y huír de varias más. Ha redoblado la vigilancia y ha colocado un perímetro permanente alrededor de la histórica residencia de los gobernadores, La Fortaleza, para protegerse del mismo pueblo que lo eligió.
Señor Luis Fortuño: ¿con qué moral te atreves a hablar en nombre de un pueblo contra el que te has tenido que armar?
REFERENCIAS:
Advertencia de Fortuño a Chávez
http://www.elnuevodia.com/advertenciadefortunoachavez-638789.html
Populares critican gestión de Fortuño
http://www.vocero.com/noticia-1246-populares_critican_gestin_de_fortuo.html
‘Ojo federal’ a nexos de Chávez en la Isla
http://www.elnuevodia.com/ojofederalanexosdechavezenlaisla-639018.html
Parco el FBI sobre ‘conexión’ Venezuela
http://www.vocero.com/noticia-34866-parco_el_fbi_sobre_conexin_venezuela.html
No permitirá intromisión de Venezuela en status local
http://www.vocero.com/noticia-34828-_no_permitir_intromisin_de_venezuela_en_status_local.html
Subdirector del FBI a la Superintendencia de la Policía
http://www.elexpresso.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1557&Itemid=38
Comunicado de la Embajada de Venezuela en Washington
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/12122-NN/comunicado-de-la-embajada-de-venezuela-en-washington/
RESOLUCION EN RECHAZO AL RECLAMO DE HUGO CHAVEZ DE INDEPENDENCIA PARA PUERTO RICO
http://www.pierluisi2008.com/ver_noticia.asp?id=139
Periodistas de Puerto Rico critican a parlamentario que continúa atacando al gobierno de Venezuela
http://www.aporrea.org/medios/n95465.html
Congresista estadounidense defensora de terrorista Posada Carriles impulsa resolución contra Venezuela
http://www.aporrea.org/tiburon/n63423.html
Arrecia el enfrentamiento mediático entre Chávez y Fortuño
http://dialogodigital.com/es/node/3356
Se "juye" el gobernador
http://pr.indymedia.org/news/2009/11/39965.php
H. CON. RES. 224. 109th CONGRESS.
Calling on the Government of Venezuela to uphold the human rights and civil liberties of the people of Venezuela.
H. CON. RES. 328. 109th CONGRESS.
Condemning the anti-democratic actions of Venezuelan President Hugo Chavez and expressing the sense of Congress that the United States should strongly support the aspirations of the democratic forces in Venezuela.
H. CON. RES. 50. 110th CONGRESS.
Calling on the Government of Venezuela to uphold the human rights and civil liberties of the people of Venezuela.
H. CON. RES. 77. 110th CONGRESS.
Calling on the Government of Venezuela to respect a free and independent media and to avoid all acts of censorship against the media and free expression.
http://thomas.loc.gov/home/multicongress/multicongress.html
VIDEOS:
Jorge Ramos entrevista a Luis Fortuño
http://www.youtube.com/watch?v=l-JIwo5UNhw
Entrevista a Kenneth McClintock el día del Paro Nacional, 15 de octubre
http://www.youtube.com/watch?v=Um2KBfqTq6M
Redoblada la seguridad en La Fortaleza
http://www.wapa.tv/noticias/politica/redoblada-la-seguridad-en-fortaleza/20091015172453
Secuencia fotográfica sobre el Paro Nacional del 15 de octubre
http://www.youtube.com/watch?v=Gy7VgPzB1AE
Chávez reivindica la Independencia de Puerto Rico y la memoria de Filiberto Ojeda Ríos. 1 de 2.
http://www.youtube.com/watch?v=hG3ehlp5tuM
Chávez reivindica la Independencia de Puerto Rico y la memoria de Filiberto Ojeda Ríos. 2 de 2.
http://www.youtube.com/watch?v=cOAegnFzSZY
agrega tus comentarios
Showing posts with label Hugo Chavez. Show all posts
Showing posts with label Hugo Chavez. Show all posts
Friday, November 20, 2009
Sunday, November 1, 2009
Honduran coup regime
O can't stress it enough that Bill Van Auken has the deepest anaylizes of the situation in Honduras. This is a most read from the blog
http://www.wsws.org/articles/2009/oct2009/hond-o31.shtml
Washington pushes through deal with Honduran coup regime
By Bill Van Auken
31 October 2009
Delegations representing ousted Honduran President Manuel Zelaya and the regime that replaced him through the coup of June 28 signed an agreement Friday following the intervention in Tegucigalpa of a high-level delegation from the US State Department.
There is no guarantee that the deal will restore Zelaya to office. If it does, it will be for no more than two months and only as a figurehead president in a government dominated by those who overthrew him.
The terms of the agreement serve to consolidate the central aims of the coup, while betraying the political and social demands of masses of Honduran working people who have resisted the coup and suffered violent state repression for more than four months.
The signing came less than one month before an election to choose Zelaya’s successor. The deal was struck two days after Thomas Shannon, the US assistant secretary of state for western hemisphere affairs and a holdover from the Bush administration, arrived in the Honduran capital together with Dan Restrepo, the Obama administration’s National Security Council advisor on Latin America.
Washington’s central aim is to legitimize the presidential election scheduled for November 29 to choose Zelaya’s successor. It sees this vote as a means of stabilizing the Honduran state and stemming the radicalization of the Honduran masses.
Nearly all of the terms of the so-called Tegucigalpa Accord signed Friday were contained in the San José Accord brokered by Costa Rican President Oscar Arias more than three months ago at Washington’s behest.
These include the formation of a government of “unity and national reconciliation” in which the dominant forces will be the politicians who backed the June coup and the military that executed it. Reportedly, the two sides and the major political parties will select the ministers of such a regime. It is by no means clear, however, what happens to the many other officials who were fired and replaced after the coup. The one institution that will remain untouched is the armed forces.
The deal also includes a renunciation by Zelaya of any effort to convene a national constituent assembly for the purposes of revising the Honduran constitution. The changing of this charter has been a key demand of the mass protests against the coup. The constitution was imposed upon the Honduran people in 1982 by the outgoing military dictatorship in consultation with the US embassy and was crafted to uphold the interests of the oligarchy that monopolizes the wealth of the country.
It was Zelaya’s attempt to hold a vote to determine whether there was popular support for such an assembly that triggered last June’s coup. The coup’s supporters charged that he was attempting to amend the constitution in order to overturn term limits and run again for president. This was patently false, as a vote to actually convene a constituent assembly would have been held concurrently with the election of Zelaya’s successor.
The accord calls for the formation of a verification commission and a truth commission. The first of these is to consist of two Hondurans and two foreigners, to be chosen by the Organization of American States, who will oversee compliance with the agreement. The truth panel will be delegated to investigate the coup and the events leading up to it and those following it. In virtually every country where such commissions have been formed, they have served as a substitute for holding accountable those who have carried out coups and state repression.
While providing a moratorium on criminal prosecutions of either Zelaya or the coup leaders, the final deal excludes an amnesty for political offenses. Initially it was reported that Zelaya opposed an amnesty provision, but it appears that the Honduran generals vetoed it as they still want to see the ousted president tried for “treason.”
Also under the accord, formal authority over the military is to be transferred to the country’s Supreme Electoral Tribunal in advance of the November presidential election. All parties are bound to support this election, together with the installation of a new government in January.
The final clause concerns the mechanism for returning Zelaya to office. Earlier this month, the two sides broke off negotiations after Zelaya’s delegation demanded that his return to the presidency be decided by the National Congress, while Micheletti’s team insisted that it be determined by the Supreme Court.
In last June’s coup, it was the high court that declared Zelaya’s actions a violation of the constitution, while it was the Congress that voted to replace him with Micheletti. The decision was implemented by the military, which dragged him out of the presidential palace in the middle of the night and forced him onto an airplane that flew him into exile.
The supposed success of the US-led mediation of the past few days was to engineer a compromise under which the Supreme Court would issue a recommendation regarding Zelaya’s status, while the Congress would cast the determining vote.
“Just minutes ago, I authorized the signing of the agreement that marks the beginning of the end of the political problem that has faced the country,” Micheletti announced late Thursday night after this issue was settled.
How soon the “end of the end” will come, however, is by no means clear.
First, the country’s Supreme Court must provide its recommendation to the Congress. Then, even if the legislature ultimately votes to put Zelaya back into the presidential palace, there is no guarantee that this will happen any time soon. The president of the Honduran National Congress, José Alfredo Saavedra, told the local radio station HRN Friday that no one could impose a deadline on the body’s discussion of the accord and the scheduling of a vote. Until then, he stressed, Micheletti would remain president.
For his part, the State Department’s Shannon said that the implementation of the agreement would be “complicated” and that the Congress would determine “when, how and if” Zelaya is reinstated as president.
Meanwhile, the Bloomberg news agency quoted a senior advisor to Micheletti, Marcia Facusse de Villeda, as saying in an interview: “Zelaya won’t be restored. But just by signing this agreement we already have the recognition of the international community for the elections.”
In a statement to Radio Globo, a station that was repeatedly shut down by security forces because of its opposition to the coup, Zelaya described the deal as a “symbol of peace for our country and of the restoration of our democracy.”
He called on the Honduran people to “stay calm,” adding, in an apparent appeal for respect for the coup leaders, that “we are not going to mock anyone, we will not use this to ridicule, but to get peace.” He also warned the population that the situation would not be resolved “overnight.”
The accord did nothing to change Zelaya’s immediate status. He remains in the Brazilian embassy, where he has been holed up for nearly six weeks. Honduran security forces continue to encircle the building.
Zelaya praised US officials for mediating the agreement. “Secretary of State Hillary Clinton, Shannon, Dan Restrepo and the [US] ambassador [Hugo] Llorens have played a fundamental and key role,” he said.
While he also expressed gratitude to Brazil, which gave him refuge in its Tegucigalpa embassy, and to Costa Rica’s Arias for negotiating the initial agreement, notably absent from this thank-you list was President Hugo Chávez. One of the justifications given for the coup was that Zelaya had grown too close to the Venezuelan president, a relationship cemented with cheap oil contracts.
In Caracas, Chávez said that he welcomed the US-brokered deal if it would “put Honduras back on the road to democracy.”
The signing of the accord in Tegucigalpa within days of the Obama administration dispatching senior officials to the Honduran capital raises the obvious question of why Washington did not conduct such an initiative months ago.
The Honduran political establishment and its military have been dominated by US imperialism for over a century. In the 1980s, the CIA and US embassy had free rein over Honduran territory, using it as its “aircraft carrier” for launching the contra war against Nicaragua and supplying the bloody counterinsurgency campaign in El Salvador. Today, the US accounts for more than half of Honduras’s foreign trade and two-thirds of its foreign direct investment. Clearly, serious pressure from Washington would produce the desired effect.
If the Obama administration did not intervene for four months, it was because it silently backed the aims of the coup regime, while publicly proclaiming its support for constitutional order and democracy. It pursued the same delaying tactics as the Micheletti regime, seeking to run out the clock on the Zelaya presidency.
It viewed the ouster of Zelaya as a means of countering the influence of Venezuela’s Chávez in the region and securing the interests of US corporations seeking cheap labor in Honduras. Given the close relation between the Honduran military and the Pentagon, which maintains its largest Latin American base in Honduras, it is difficult to believe that the coup itself was carried out without the foreknowledge and approval of Washington.
With barely two months remaining in Zelaya’s presidential term, the Obama administration sees an agreement that may bring Zelaya briefly back as a powerless figurehead as a small price to pay for legitimizing both the coup and the coming election.
Since the coup last June, military and police repression has led to at least 20 deaths. Hundreds have been wounded and thousands detained without charges. Broadcast outlets critical of the regime have been shut down by the military, while demonstrations are routinely broken up. Even as the US-mediated talks were ongoing Thursday, security forces dispersed over 1,000 demonstrators using tear gas and baton charges.
Conditions of life for the Honduran population, which is the poorest in the Americas after Haiti, have worsened dramatically. The United Nations Children’s Fund (UNICEF) Wednesday issued a report denouncing “grave violations” of the rights of Honduran children since last June’s coup, citing cases of children being killed, tortured, beaten and illegally detained.
UNICEF estimated that at least 1,600 infants and children under the age of five have died since the coup last June—13 a day—attributing the dramatic rise in the death rate to the near collapse of the public health system. The agency added that the 1.8 million children attending public schools have been effectively denied an education because of school closures.
The Obama administration has issued no protests against these attacks on the Honduran population and now hails their perpetrators as “heroes of democracy.” It accepted the use of repressive force as necessary to quell the movement of the country’s workers, students and peasants.
Given this record, the embrace of the reactionary US-brokered deal by Zelaya as well as Chávez represents the most damning exposure of the bankruptcy of bourgeois nationalism in Latin America, no matter what its “left” pretensions.
The Honduran events have demonstrated that working people in Honduras and across Latin America can defend their rights only by forging their political independence from all factions of the ruling elite and carrying out the struggle for workers’ governments and the socialist transformation of the entire hemisphere.
http://www.wsws.org/articles/2009/oct2009/hond-o31.shtml
Washington pushes through deal with Honduran coup regime
By Bill Van Auken
31 October 2009
Delegations representing ousted Honduran President Manuel Zelaya and the regime that replaced him through the coup of June 28 signed an agreement Friday following the intervention in Tegucigalpa of a high-level delegation from the US State Department.
There is no guarantee that the deal will restore Zelaya to office. If it does, it will be for no more than two months and only as a figurehead president in a government dominated by those who overthrew him.
The terms of the agreement serve to consolidate the central aims of the coup, while betraying the political and social demands of masses of Honduran working people who have resisted the coup and suffered violent state repression for more than four months.
The signing came less than one month before an election to choose Zelaya’s successor. The deal was struck two days after Thomas Shannon, the US assistant secretary of state for western hemisphere affairs and a holdover from the Bush administration, arrived in the Honduran capital together with Dan Restrepo, the Obama administration’s National Security Council advisor on Latin America.
Washington’s central aim is to legitimize the presidential election scheduled for November 29 to choose Zelaya’s successor. It sees this vote as a means of stabilizing the Honduran state and stemming the radicalization of the Honduran masses.
Nearly all of the terms of the so-called Tegucigalpa Accord signed Friday were contained in the San José Accord brokered by Costa Rican President Oscar Arias more than three months ago at Washington’s behest.
These include the formation of a government of “unity and national reconciliation” in which the dominant forces will be the politicians who backed the June coup and the military that executed it. Reportedly, the two sides and the major political parties will select the ministers of such a regime. It is by no means clear, however, what happens to the many other officials who were fired and replaced after the coup. The one institution that will remain untouched is the armed forces.
The deal also includes a renunciation by Zelaya of any effort to convene a national constituent assembly for the purposes of revising the Honduran constitution. The changing of this charter has been a key demand of the mass protests against the coup. The constitution was imposed upon the Honduran people in 1982 by the outgoing military dictatorship in consultation with the US embassy and was crafted to uphold the interests of the oligarchy that monopolizes the wealth of the country.
It was Zelaya’s attempt to hold a vote to determine whether there was popular support for such an assembly that triggered last June’s coup. The coup’s supporters charged that he was attempting to amend the constitution in order to overturn term limits and run again for president. This was patently false, as a vote to actually convene a constituent assembly would have been held concurrently with the election of Zelaya’s successor.
The accord calls for the formation of a verification commission and a truth commission. The first of these is to consist of two Hondurans and two foreigners, to be chosen by the Organization of American States, who will oversee compliance with the agreement. The truth panel will be delegated to investigate the coup and the events leading up to it and those following it. In virtually every country where such commissions have been formed, they have served as a substitute for holding accountable those who have carried out coups and state repression.
While providing a moratorium on criminal prosecutions of either Zelaya or the coup leaders, the final deal excludes an amnesty for political offenses. Initially it was reported that Zelaya opposed an amnesty provision, but it appears that the Honduran generals vetoed it as they still want to see the ousted president tried for “treason.”
Also under the accord, formal authority over the military is to be transferred to the country’s Supreme Electoral Tribunal in advance of the November presidential election. All parties are bound to support this election, together with the installation of a new government in January.
The final clause concerns the mechanism for returning Zelaya to office. Earlier this month, the two sides broke off negotiations after Zelaya’s delegation demanded that his return to the presidency be decided by the National Congress, while Micheletti’s team insisted that it be determined by the Supreme Court.
In last June’s coup, it was the high court that declared Zelaya’s actions a violation of the constitution, while it was the Congress that voted to replace him with Micheletti. The decision was implemented by the military, which dragged him out of the presidential palace in the middle of the night and forced him onto an airplane that flew him into exile.
The supposed success of the US-led mediation of the past few days was to engineer a compromise under which the Supreme Court would issue a recommendation regarding Zelaya’s status, while the Congress would cast the determining vote.
“Just minutes ago, I authorized the signing of the agreement that marks the beginning of the end of the political problem that has faced the country,” Micheletti announced late Thursday night after this issue was settled.
How soon the “end of the end” will come, however, is by no means clear.
First, the country’s Supreme Court must provide its recommendation to the Congress. Then, even if the legislature ultimately votes to put Zelaya back into the presidential palace, there is no guarantee that this will happen any time soon. The president of the Honduran National Congress, José Alfredo Saavedra, told the local radio station HRN Friday that no one could impose a deadline on the body’s discussion of the accord and the scheduling of a vote. Until then, he stressed, Micheletti would remain president.
For his part, the State Department’s Shannon said that the implementation of the agreement would be “complicated” and that the Congress would determine “when, how and if” Zelaya is reinstated as president.
Meanwhile, the Bloomberg news agency quoted a senior advisor to Micheletti, Marcia Facusse de Villeda, as saying in an interview: “Zelaya won’t be restored. But just by signing this agreement we already have the recognition of the international community for the elections.”
In a statement to Radio Globo, a station that was repeatedly shut down by security forces because of its opposition to the coup, Zelaya described the deal as a “symbol of peace for our country and of the restoration of our democracy.”
He called on the Honduran people to “stay calm,” adding, in an apparent appeal for respect for the coup leaders, that “we are not going to mock anyone, we will not use this to ridicule, but to get peace.” He also warned the population that the situation would not be resolved “overnight.”
The accord did nothing to change Zelaya’s immediate status. He remains in the Brazilian embassy, where he has been holed up for nearly six weeks. Honduran security forces continue to encircle the building.
Zelaya praised US officials for mediating the agreement. “Secretary of State Hillary Clinton, Shannon, Dan Restrepo and the [US] ambassador [Hugo] Llorens have played a fundamental and key role,” he said.
While he also expressed gratitude to Brazil, which gave him refuge in its Tegucigalpa embassy, and to Costa Rica’s Arias for negotiating the initial agreement, notably absent from this thank-you list was President Hugo Chávez. One of the justifications given for the coup was that Zelaya had grown too close to the Venezuelan president, a relationship cemented with cheap oil contracts.
In Caracas, Chávez said that he welcomed the US-brokered deal if it would “put Honduras back on the road to democracy.”
The signing of the accord in Tegucigalpa within days of the Obama administration dispatching senior officials to the Honduran capital raises the obvious question of why Washington did not conduct such an initiative months ago.
The Honduran political establishment and its military have been dominated by US imperialism for over a century. In the 1980s, the CIA and US embassy had free rein over Honduran territory, using it as its “aircraft carrier” for launching the contra war against Nicaragua and supplying the bloody counterinsurgency campaign in El Salvador. Today, the US accounts for more than half of Honduras’s foreign trade and two-thirds of its foreign direct investment. Clearly, serious pressure from Washington would produce the desired effect.
If the Obama administration did not intervene for four months, it was because it silently backed the aims of the coup regime, while publicly proclaiming its support for constitutional order and democracy. It pursued the same delaying tactics as the Micheletti regime, seeking to run out the clock on the Zelaya presidency.
It viewed the ouster of Zelaya as a means of countering the influence of Venezuela’s Chávez in the region and securing the interests of US corporations seeking cheap labor in Honduras. Given the close relation between the Honduran military and the Pentagon, which maintains its largest Latin American base in Honduras, it is difficult to believe that the coup itself was carried out without the foreknowledge and approval of Washington.
With barely two months remaining in Zelaya’s presidential term, the Obama administration sees an agreement that may bring Zelaya briefly back as a powerless figurehead as a small price to pay for legitimizing both the coup and the coming election.
Since the coup last June, military and police repression has led to at least 20 deaths. Hundreds have been wounded and thousands detained without charges. Broadcast outlets critical of the regime have been shut down by the military, while demonstrations are routinely broken up. Even as the US-mediated talks were ongoing Thursday, security forces dispersed over 1,000 demonstrators using tear gas and baton charges.
Conditions of life for the Honduran population, which is the poorest in the Americas after Haiti, have worsened dramatically. The United Nations Children’s Fund (UNICEF) Wednesday issued a report denouncing “grave violations” of the rights of Honduran children since last June’s coup, citing cases of children being killed, tortured, beaten and illegally detained.
UNICEF estimated that at least 1,600 infants and children under the age of five have died since the coup last June—13 a day—attributing the dramatic rise in the death rate to the near collapse of the public health system. The agency added that the 1.8 million children attending public schools have been effectively denied an education because of school closures.
The Obama administration has issued no protests against these attacks on the Honduran population and now hails their perpetrators as “heroes of democracy.” It accepted the use of repressive force as necessary to quell the movement of the country’s workers, students and peasants.
Given this record, the embrace of the reactionary US-brokered deal by Zelaya as well as Chávez represents the most damning exposure of the bankruptcy of bourgeois nationalism in Latin America, no matter what its “left” pretensions.
The Honduran events have demonstrated that working people in Honduras and across Latin America can defend their rights only by forging their political independence from all factions of the ruling elite and carrying out the struggle for workers’ governments and the socialist transformation of the entire hemisphere.
Subscribe to:
Posts (Atom)
